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The underground rapid transit lines have been under construction for almost two decades due to various project delays
La práctica ha experimentado un aumento del 20% este año
El Gobierno de Murcia busca colaboraciones con diferentes colegios profesionales para contrarrestar y prevenir la práctica de ocupación ilegal de vivienda, conocida como okupación. Hoy se anunció que el Ministerio de Fomento e Infraestructura buscará cobertura legal para los cerrajeros que laboran en la región para que puedan verificar si quien solicita utilizar sus servicios es el ocupante legal de la propiedad.
El problema de la ocupación ilegal ha crecido en Comunidad Autónoma de Murcia donde se dice que ha habido casi un caso de ocupación ilegal denunciado a la policía cada día de este año. Esto representa un aumento del 20% en comparación con 2019.
Las autoridades regionales cuentan con la ayuda de los cerrajeros, cuya asistencia puede ser una herramienta útil para mitigar la práctica ilegal. A la administración le gustaría que los cerrajeros estuvieran equipados con el poder legal necesario para solicitar la verificación de las personas que solicitan sus servicios.
La okupación ha sido un tema político y socialmente polémico en España y otros países porque, por un lado, está directamente relacionado con cuestiones como la asequibilidad y la disponibilidad de viviendas para las personas de escasos recursos económicos.
Sin embargo, también tiene otra cara, ya que en lugares como las ciudades costeras de España muchas residencias quedan desocupadas fuera de la temporada turística. De hecho, se estima que solo el 15% de las propiedades costeras murcianas están habitadas.
Esto ha abierto oportunidades para que el crimen organizado intervenga y ofrezca alquilar o incluso vender lugares que no son de su propiedad, a veces a clientes desprevenidos.
"Vamos a tener tolerancia cero con la okupación", ha afirmado José Ramón Díez de Revenga, el consejero de Vivienda, y ha añadido que "estamos firmemente comprometidos en luchar contra ella porque es una situación completamente injusta que va contra el derecho de propiedad consagrado en la Constitución y porque en la mayoría de los casos están detrás mafias y grupos delictivos organizados”.
El plan del gobierno es instituir una política que enfatice la detección temprana para evitar la ocupación ilegal.
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